Aitor Penedo Antón, que opera bajo el nombre comercial Lauda Agency, con NIF 71314553V y domicilio en Calle Pizarro 2A, Radazul, Santa Cruz de Tenerife, España. Correo electrónico de contacto: info@laudaagency.com.
Las presentes condiciones regulan la contratación de los servicios profesionales de consultoría, estrategia de comercio electrónico, gestión de publicidad digital y servicios relacionados que presta el prestador. El alcance concreto, los entregables, los plazos y el precio de cada proyecto se detallarán en la propuesta o contrato específico aceptado por el cliente, que prevalecerá sobre estas condiciones generales en caso de discrepancia.
La relación se entiende formalizada con la aceptación expresa por parte del cliente de la propuesta de servicios, ya sea por firma, por confirmación escrita por correo electrónico o mediante el pago de la primera cuota. Dicha aceptación implica la adhesión a estas condiciones.
Los precios son los indicados en la propuesta aceptada. Salvo indicación en contrario, no incluyen los impuestos aplicables, que se repercutirán conforme a la normativa vigente. Tampoco incluyen la inversión publicitaria en plataformas de terceros ni las licencias de herramientas externas, que el cliente abonará directamente a dichos proveedores.
El impago de una factura vencida faculta al prestador a suspender la prestación de los servicios hasta su regularización, previa comunicación al cliente.
El cliente se compromete a facilitar en plazo la información, los accesos y los materiales necesarios para la correcta prestación del servicio, y garantiza que dispone de los derechos sobre los contenidos que proporciona. Los retrasos imputables al cliente podrán ajustar los plazos de entrega.
La duración será la pactada en la propuesta. En los servicios recurrentes, cualquiera de las partes podrá resolver la relación comunicándolo por escrito con la antelación acordada; a falta de pacto expreso, con treinta días de antelación. El cliente abonará los servicios efectivamente prestados hasta la fecha de efectos de la resolución.
Cuando el cliente tenga la condición legal de consumidor, dispondrá de catorce días naturales para desistir del contrato sin necesidad de justificación, conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007. Si solicita expresamente que la prestación comience durante ese plazo, deberá abonar la parte proporcional del servicio ya prestado en caso de desistir. Los servicios contratados por empresas o profesionales en el ejercicio de su actividad quedan fuera de este derecho.
Una vez abonado íntegramente el precio, el cliente adquiere los derechos de uso sobre los entregables finales desarrollados específicamente para su proyecto. El prestador conserva la titularidad de sus metodologías, plantillas, herramientas y conocimientos previos, y podrá reutilizarlos en otros proyectos.
Salvo oposición expresa del cliente, el prestador podrá mencionar la colaboración y utilizar la marca del cliente con fines de referencia comercial.
Los servicios se prestan como obligación de medios y no de resultado. El prestador aplicará la diligencia profesional exigible, pero no garantiza cifras concretas de ventas, tráfico o rentabilidad, al depender de factores ajenos a su control, como el mercado, el producto o las políticas de las plataformas publicitarias.
La responsabilidad del prestador se limita, en todo caso, al importe efectivamente abonado por el cliente por el servicio del que traiga causa la reclamación. Esta limitación no resulta de aplicación en los supuestos de dolo o culpa grave, ni frente a consumidores en aquello que la ley no permita limitar.
Ambas partes se obligan a mantener la confidencialidad de la información a la que accedan con motivo de la relación, y a no divulgarla ni utilizarla para fines distintos de la ejecución del servicio, durante la vigencia del contrato y los dos años siguientes a su finalización.
Estas condiciones se rigen por la legislación española. Para la resolución de controversias, las partes se someten a los juzgados y tribunales del domicilio del cliente cuando este sea consumidor; en los demás casos, a los de Santa Cruz de Tenerife. Los consumidores residentes en la Unión Europea disponen asimismo de la plataforma de resolución de litigios en línea de la Comisión Europea.